INTERES GENERAL
24/06/2025
Casi la mitad de los jóvenes cordobeses admite haber participado en hechos violentos
Por José Manuel Ferrero
Un informe del Conicet realizado en 2021 encendió alarmas sobre el comportamiento de adolescentes en Córdoba: el 94,9% de los 480 jóvenes consultados admitió haber cometido al menos una conducta antinormativa a lo largo de su vida. De ese total, el 48,9% reconoció haber participado en episodios de agresión física, aunque este tipo de violencia mostró menor prevalencia en el conjunto general de prácticas transgresoras.
Una constante que emerge con claridad es la disparidad de género: los varones presentan mayores niveles de conducta violenta en casi todos los indicadores, mientras que las mujeres, menos representadas en poblaciones infractoras, fueron menos abordadas en la investigación.
Más recientemente, un relevamiento internacional —el International Self-Report Delinquency Study (ISRD)— amplió el panorama. La investigación, que incluyó a 30 países y se desarrolló en Córdoba y Tucumán, analizó la relación entre adolescencia y delitos. Entre sus hallazgos, el 21% de los jóvenes encuestados afirmó haber participado en peleas grupales en espacios públicos, como salidas de boliches o eventos deportivos, y un 3% admitió haber causado lesiones que requirieron atención médica.
Según destacó la investigadora del estudio, la doctora Arbach, uno de los puntos más preocupantes es que muchos de los adolescentes involucrados en hechos de violencia grave nunca habían tenido contacto con el sistema judicial. Esto indica —según los especialistas— la urgente necesidad de detectar y asistir a jóvenes en riesgo desde los espacios que frecuentan cotidianamente, como escuelas, centros de salud o durante intervenciones policiales.
“La identificación debe servir para intervenir de manera eficaz y acorde a las necesidades criminógenas o factores de riesgo de cada joven”, afirmó Arbach. Sin embargo, advierte que la respuesta institucional sigue siendo débil: las dificultades familiares, escolares y la baja inversión pública limitan las posibilidades de contención y prevención.
Una constante que emerge con claridad es la disparidad de género: los varones presentan mayores niveles de conducta violenta en casi todos los indicadores, mientras que las mujeres, menos representadas en poblaciones infractoras, fueron menos abordadas en la investigación.
Más recientemente, un relevamiento internacional —el International Self-Report Delinquency Study (ISRD)— amplió el panorama. La investigación, que incluyó a 30 países y se desarrolló en Córdoba y Tucumán, analizó la relación entre adolescencia y delitos. Entre sus hallazgos, el 21% de los jóvenes encuestados afirmó haber participado en peleas grupales en espacios públicos, como salidas de boliches o eventos deportivos, y un 3% admitió haber causado lesiones que requirieron atención médica.
Según destacó la investigadora del estudio, la doctora Arbach, uno de los puntos más preocupantes es que muchos de los adolescentes involucrados en hechos de violencia grave nunca habían tenido contacto con el sistema judicial. Esto indica —según los especialistas— la urgente necesidad de detectar y asistir a jóvenes en riesgo desde los espacios que frecuentan cotidianamente, como escuelas, centros de salud o durante intervenciones policiales.
“La identificación debe servir para intervenir de manera eficaz y acorde a las necesidades criminógenas o factores de riesgo de cada joven”, afirmó Arbach. Sin embargo, advierte que la respuesta institucional sigue siendo débil: las dificultades familiares, escolares y la baja inversión pública limitan las posibilidades de contención y prevención.
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