POLITICA
26/05/2026
Chau subsidio a los pasajes por discapacidad: El fuerte cambio que decretó el Gobierno
Por Jose Manuel Ferrero
El Gobierno nacional oficializó la eliminación del régimen de compensaciones económicas mediante el cual el Estado subsidiaba a las empresas de transporte automotor de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad. La medida impacta también en los boletos destinados a pacientes trasplantados, personas en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer.
La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial. La normativa deja sin efecto el sistema vigente desde 2018, el cual cubría parcialmente los costos de los pasajes interjurisdiccionales contemplados en las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.
A pesar de la quita del subsidio estatal a las cámaras empresarias, la resolución aclara de forma taxativa que la medida no modifica el derecho de los usuarios a acceder a los pasajes gratuitos.
“El derecho de los usuarios a viajar sin costo permanece plenamente vigente y exigible”, señala el texto oficial.
En consecuencia, las compañías de transporte de larga distancia continuarán obligadas a emitir los boletos sin cargo para todos los grupos vulnerables alcanzados por las leyes vigentes.
Para justificar la quita de los fondos, el Ejecutivo argumentó que el esquema de compensaciones perdió sentido tras la aplicación del Decreto 883/2024, que avanzó con la desregulación del transporte de larga distancia.
Aquel decreto habilitó a las empresas a definir libremente:
• Recorridos y modalidades de servicio.
• Horarios y frecuencias.
• Cuadro tarifario (bajo supervisión de la autoridad de aplicación).
Según la Secretaría de Transporte, este nuevo marco regulatorio modificó por completo las condiciones económicas y jurídicas que habían dado origen al auxilio estatal en 2018.
La resolución ratificó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de fiscalizar que las empresas cumplan con la entrega de los pasajes gratuitos, manteniendo activos los mecanismos de control y seguimiento para evitar rechazos a los usuarios.
Por último, se incorporó una cláusula transitoria con el fin de preservar los trámites y derechos generados antes de la entrada en vigencia de esta resolución, garantizando así la seguridad jurídica de los procedimientos que ya se encontraban iniciados.
La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial. La normativa deja sin efecto el sistema vigente desde 2018, el cual cubría parcialmente los costos de los pasajes interjurisdiccionales contemplados en las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.
A pesar de la quita del subsidio estatal a las cámaras empresarias, la resolución aclara de forma taxativa que la medida no modifica el derecho de los usuarios a acceder a los pasajes gratuitos.
“El derecho de los usuarios a viajar sin costo permanece plenamente vigente y exigible”, señala el texto oficial.
En consecuencia, las compañías de transporte de larga distancia continuarán obligadas a emitir los boletos sin cargo para todos los grupos vulnerables alcanzados por las leyes vigentes.
Para justificar la quita de los fondos, el Ejecutivo argumentó que el esquema de compensaciones perdió sentido tras la aplicación del Decreto 883/2024, que avanzó con la desregulación del transporte de larga distancia.
Aquel decreto habilitó a las empresas a definir libremente:
• Recorridos y modalidades de servicio.
• Horarios y frecuencias.
• Cuadro tarifario (bajo supervisión de la autoridad de aplicación).
Según la Secretaría de Transporte, este nuevo marco regulatorio modificó por completo las condiciones económicas y jurídicas que habían dado origen al auxilio estatal en 2018.
La resolución ratificó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de fiscalizar que las empresas cumplan con la entrega de los pasajes gratuitos, manteniendo activos los mecanismos de control y seguimiento para evitar rechazos a los usuarios.
Por último, se incorporó una cláusula transitoria con el fin de preservar los trámites y derechos generados antes de la entrada en vigencia de esta resolución, garantizando así la seguridad jurídica de los procedimientos que ya se encontraban iniciados.
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