POLITICA
04/05/2026
Con acuerdo libertario, Quinteros consolida su lugar en Seguridad y Llaryora sostiene ¨gobernanza¨
Por REDACCION
El tablero político de la seguridad en Córdoba empieza a mostrar movimientos que exceden la gestión y se proyectan hacia el escenario electoral. En el centro de esa dinámica aparece el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, cuya conducción comienza a leerse en clave política dentro del armado provincial del gobernador Martín Llaryora.
Desde su asunción en diciembre de 2023, Quinteros se posicionó como un funcionario técnico con foco en políticas de seguridad. Sin embargo, en los últimos meses su figura comenzó a adquirir un perfil político más marcado, impulsado en parte por el respaldo explícito de la diputada nacional Patricia Bullrich, quien no solo avala su gestión sino que además "intervino directamente para ordenar tensiones dentro del espacio opositor cordobés".
Un episodio ilustrativo fue el encuentro en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde Bullrich promovió una foto política significativa al sentar en la misma mesa a Quinteros y al senador Luis Juez, principal referente opositor en la provincia. El gesto fue interpretado como un intento de desactivar críticas y, al mismo tiempo, consolidar un esquema de alineamiento político más amplio.
En ese contexto, distintas voces del interior provincial comenzaron a expresar malestar frente a lo que consideran una “selectividad política” en la gestión del Ministerio de Seguridad.
Según señalan dirigentes de alto poder del interior provincial, existiría una marcada inclinación a fortalecer vínculos con intendentes y jefes comunales cercanos a La Libertad Avanza, lo que introduce un componente partidario en un área tradicionalmente sensible como la seguridad pública.
Este reposicionamiento no sería casual. En el entorno político se da por hecho que Quinteros ya dejó trascender su intención de competir por la intendencia de la ciudad de Córdoba, un movimiento que, más allá de su viabilidad electoral, se interpreta como una estrategia clásica de acumulación de poder. En la lógica de la política local, estas postulaciones tempranas suelen funcionar como herramientas de negociación de cara a futuros armados.
Con la mirada puesta en 2027, el escenario se complejiza aún más. La eventual continuidad de un alineamiento entre el gobierno provincial y la administración nacional encabezada por Javier Milei abre interrogantes sobre la configuración del mapa político en Córdoba y el rol que figuras como Quinteros podrían desempeñar en esa reconfiguración.
Así, la gestión de la seguridad comienza a entrelazarse con la disputa política, en un equilibrio delicado donde las decisiones operativas conviven con estrategias de posicionamiento. En ese cruce, lo que está en juego no es solo la eficacia en la lucha contra el delito, sino también la construcción de poder de cara al próximo ciclo electoral.
Desde su asunción en diciembre de 2023, Quinteros se posicionó como un funcionario técnico con foco en políticas de seguridad. Sin embargo, en los últimos meses su figura comenzó a adquirir un perfil político más marcado, impulsado en parte por el respaldo explícito de la diputada nacional Patricia Bullrich, quien no solo avala su gestión sino que además "intervino directamente para ordenar tensiones dentro del espacio opositor cordobés".
Un episodio ilustrativo fue el encuentro en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde Bullrich promovió una foto política significativa al sentar en la misma mesa a Quinteros y al senador Luis Juez, principal referente opositor en la provincia. El gesto fue interpretado como un intento de desactivar críticas y, al mismo tiempo, consolidar un esquema de alineamiento político más amplio.
En ese contexto, distintas voces del interior provincial comenzaron a expresar malestar frente a lo que consideran una “selectividad política” en la gestión del Ministerio de Seguridad.
Según señalan dirigentes de alto poder del interior provincial, existiría una marcada inclinación a fortalecer vínculos con intendentes y jefes comunales cercanos a La Libertad Avanza, lo que introduce un componente partidario en un área tradicionalmente sensible como la seguridad pública.
Este reposicionamiento no sería casual. En el entorno político se da por hecho que Quinteros ya dejó trascender su intención de competir por la intendencia de la ciudad de Córdoba, un movimiento que, más allá de su viabilidad electoral, se interpreta como una estrategia clásica de acumulación de poder. En la lógica de la política local, estas postulaciones tempranas suelen funcionar como herramientas de negociación de cara a futuros armados.
Con la mirada puesta en 2027, el escenario se complejiza aún más. La eventual continuidad de un alineamiento entre el gobierno provincial y la administración nacional encabezada por Javier Milei abre interrogantes sobre la configuración del mapa político en Córdoba y el rol que figuras como Quinteros podrían desempeñar en esa reconfiguración.
Así, la gestión de la seguridad comienza a entrelazarse con la disputa política, en un equilibrio delicado donde las decisiones operativas conviven con estrategias de posicionamiento. En ese cruce, lo que está en juego no es solo la eficacia en la lucha contra el delito, sino también la construcción de poder de cara al próximo ciclo electoral.
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