POLITICA
25/06/2026
Córdoba avanza contra el delito: Llaryora firmó el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos
Por Jose Manuel Ferrero
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, dio un paso fundamental en la estrategia provincial de seguridad al firmar el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos. Esta iniciativa busca dotar al Estado de herramientas legales ágiles y eficaces para intervenir inmuebles utilizados para actividades criminales o aquellos que, por su estado de abandono, representan un riesgo para la convivencia ciudadana.
El proyecto establece un nuevo marco jurídico que permitirá actuar de manera rápida y coordinada sobre búnkeres de venta de drogas, guaridas delictivas y construcciones deterioradas que facilitan la inseguridad en los barrios.
Procedimiento y alcance de la medida
La normativa prevé un sistema de intervención temprana que incluye:
• Medidas preventivas: Cerramiento, tapeado, clausura provisoria, bloqueo de accesos y custodia de inmuebles, mediante actas y resoluciones fundadas.
• Acción Judicial: En casos de alta complejidad, especialmente vinculados al narcotráfico, la Justicia tendrá la potestad de ordenar desalojos, la demolición de construcciones ilegales o la restitución de propiedades a sus legítimos dueños.
Reinversión en la lucha contra el narcotráfico
Uno de los pilares del proyecto es el uso estratégico de los bienes decomisados. Los recursos obtenidos de estos procesos serán destinados exclusivamente a fortalecer el combate contra las drogas en la provincia:
• 60%: Destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico, logístico y de equipamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
• 40%: Destinado al financiamiento de programas de prevención y abordaje del narcotráfico, gestionados por el Ministerio de Justicia y Trabajo.
Coordinación interinstitucional
Para garantizar la efectividad de la ley, se crearán la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos. Estos organismos centralizarán la labor coordinada entre:
• Ministerio de Seguridad.
• Ministerio Público Fiscal.
• Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
• Ministerio de Justicia y Trabajo.
• Policía de Córdoba y gobiernos locales.
El Gobierno provincial extendió una invitación a municipios y comunas para adherir al nuevo régimen y celebrar convenios de cooperación. El objetivo central es recuperar los espacios públicos, eliminar los focos de inseguridad y reforzar la presencia del Estado en cada rincón de Córdoba para devolver la tranquilidad a los vecinos.
El proyecto establece un nuevo marco jurídico que permitirá actuar de manera rápida y coordinada sobre búnkeres de venta de drogas, guaridas delictivas y construcciones deterioradas que facilitan la inseguridad en los barrios.
Procedimiento y alcance de la medida
La normativa prevé un sistema de intervención temprana que incluye:
• Medidas preventivas: Cerramiento, tapeado, clausura provisoria, bloqueo de accesos y custodia de inmuebles, mediante actas y resoluciones fundadas.
• Acción Judicial: En casos de alta complejidad, especialmente vinculados al narcotráfico, la Justicia tendrá la potestad de ordenar desalojos, la demolición de construcciones ilegales o la restitución de propiedades a sus legítimos dueños.
Reinversión en la lucha contra el narcotráfico
Uno de los pilares del proyecto es el uso estratégico de los bienes decomisados. Los recursos obtenidos de estos procesos serán destinados exclusivamente a fortalecer el combate contra las drogas en la provincia:
• 60%: Destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico, logístico y de equipamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
• 40%: Destinado al financiamiento de programas de prevención y abordaje del narcotráfico, gestionados por el Ministerio de Justicia y Trabajo.
Coordinación interinstitucional
Para garantizar la efectividad de la ley, se crearán la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos. Estos organismos centralizarán la labor coordinada entre:
• Ministerio de Seguridad.
• Ministerio Público Fiscal.
• Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
• Ministerio de Justicia y Trabajo.
• Policía de Córdoba y gobiernos locales.
El Gobierno provincial extendió una invitación a municipios y comunas para adherir al nuevo régimen y celebrar convenios de cooperación. El objetivo central es recuperar los espacios públicos, eliminar los focos de inseguridad y reforzar la presencia del Estado en cada rincón de Córdoba para devolver la tranquilidad a los vecinos.
Te puede interesar también:
