POLICIALES
04/05/2026
Córdoba: Un menor y su padre fueron detenidos con 5.760 dosis de cocaína, armas y chaleco antibala
Por REDACCION
Un nuevo operativo antidrogas en Córdoba dejó al descubierto una realidad tan extendida como incómoda: la consolidación de puntos de venta de estupefacientes que operan con lógica empresarial y, en este caso, con participación de menores de edad.
El procedimiento fue llevado adelante por la Fuerza Policial Antinarcotráfico, bajo directivas del Ministerio Público Fiscal, tras una investigación que se extendió durante dos meses. El resultado fue la detención de dos personas —una de ellas menor— y el desmantelamiento de un kiosco de drogas que, según fuentes oficiales, funcionaba las 24 horas en barrio Villa La Tela.
El dato no es menor: no se trata de una actividad ocasional ni marginal, sino de una estructura sostenida en el tiempo, con capacidad operativa permanente. En el domicilio allanado se secuestraron 5.760 dosis de cocaína —distribuidas en ladrillos y envoltorios—, además de marihuana, dinero en efectivo, balanzas digitales y un arsenal que incluía un arma de fuego, cartuchos, cargadores e incluso un chaleco antibalas.
La escena describe algo más cercano a una unidad logística que a un simple punto de venta barrial.
Sin embargo, el aspecto más preocupante es la presencia de un menor en el circuito delictivo. Este dato vuelve a encender un debate recurrente pero poco resuelto: el grado de penetración del narcomenudeo en sectores vulnerables y la utilización de jóvenes en estructuras que exceden su capacidad de decisión real. La intervención penal, en estos casos, aparece como una respuesta tardía frente a un fenómeno que tiene raíces sociales más profundas.
El operativo, encuadrado en la Ley 23.737, muestra eficacia en términos de secuestro y detención, pero deja abierta una pregunta estructural: ¿cuántos puntos de venta similares continúan funcionando bajo la misma lógica, sin ser detectados?
Mientras los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, el caso vuelve a poner en agenda la necesidad de abordar el problema más allá del impacto inmediato de los procedimientos. Porque si un punto de venta puede operar las 24 horas durante meses, con droga, armas y menores involucrados, el problema difícilmente se agote en un solo allanamiento.
El procedimiento fue llevado adelante por la Fuerza Policial Antinarcotráfico, bajo directivas del Ministerio Público Fiscal, tras una investigación que se extendió durante dos meses. El resultado fue la detención de dos personas —una de ellas menor— y el desmantelamiento de un kiosco de drogas que, según fuentes oficiales, funcionaba las 24 horas en barrio Villa La Tela.
El dato no es menor: no se trata de una actividad ocasional ni marginal, sino de una estructura sostenida en el tiempo, con capacidad operativa permanente. En el domicilio allanado se secuestraron 5.760 dosis de cocaína —distribuidas en ladrillos y envoltorios—, además de marihuana, dinero en efectivo, balanzas digitales y un arsenal que incluía un arma de fuego, cartuchos, cargadores e incluso un chaleco antibalas.
La escena describe algo más cercano a una unidad logística que a un simple punto de venta barrial.
Sin embargo, el aspecto más preocupante es la presencia de un menor en el circuito delictivo. Este dato vuelve a encender un debate recurrente pero poco resuelto: el grado de penetración del narcomenudeo en sectores vulnerables y la utilización de jóvenes en estructuras que exceden su capacidad de decisión real. La intervención penal, en estos casos, aparece como una respuesta tardía frente a un fenómeno que tiene raíces sociales más profundas.
El operativo, encuadrado en la Ley 23.737, muestra eficacia en términos de secuestro y detención, pero deja abierta una pregunta estructural: ¿cuántos puntos de venta similares continúan funcionando bajo la misma lógica, sin ser detectados?
Mientras los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, el caso vuelve a poner en agenda la necesidad de abordar el problema más allá del impacto inmediato de los procedimientos. Porque si un punto de venta puede operar las 24 horas durante meses, con droga, armas y menores involucrados, el problema difícilmente se agote en un solo allanamiento.
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