INTERES GENERAL
27/04/2026
Córdoba: Ya es oficial el cobro de operativos por amenazas y violencia en escuelas
Por Jose Manuel Ferrero
El Gobierno de Córdoba formalizó este lunes la implementación del sistema de recupero de gastos por incidentes en establecimientos educativos. A través de la publicación en el Boletín Oficial, quedó oficialmente vigente el protocolo que permitirá al Estado cobrar los costos de operativos derivados de amenazas de bomba, hechos de violencia y conductas de riesgo.
Si bien el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, había anticipado la medida la semana pasada, la resolución ministerial de hoy establece el marco legal definitivo para reclamar el resarcimiento económico a los responsables.
El mecanismo administrativo no solo apunta a las falsas amenazas, sino a cualquier situación que obligue a un despliegue extraordinario de fuerzas. El proceso se activa de la siguiente manera:
• Identificación: El Ministerio Público Fiscal identifica a los autores del hecho y, en caso de ser menores, a sus adultos responsables.
• Cuantificación: Se elabora un expediente detallando el personal policial, servicios de emergencia y brigadas especiales (como la Brigada de Explosivos) que intervinieron.
• Intimación: Se establece el monto total de los gastos y se intima al pago en un plazo de 5 días.
• Vía Judicial: Si el pago no se efectúa, la Fiscalía de Estado iniciará acciones legales para garantizar el cobro.
El objetivo central de la normativa es generar un efecto disuasorio. La provincia busca garantizar que el presupuesto de seguridad y emergencias no se diluya en operativos innecesarios provocados por conductas negligentes o malintencionadas.
"Quienes generen estas situaciones deberán hacerse cargo de los costos que ocasionan", sostiene la normativa.
¿Qué incluye la "factura" del Estado? El protocolo contempla el costo de todos los recursos afectados: desde el combustible y el desgaste de los móviles, hasta las horas de servicio del personal policial y las brigadas de logística especial.
Con este paso, Córdoba endurece su postura frente a las crisis de seguridad escolar, trasladando el costo financiero de la imprudencia directamente al bolsillo de los infractores o sus tutores.
Si bien el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, había anticipado la medida la semana pasada, la resolución ministerial de hoy establece el marco legal definitivo para reclamar el resarcimiento económico a los responsables.
El mecanismo administrativo no solo apunta a las falsas amenazas, sino a cualquier situación que obligue a un despliegue extraordinario de fuerzas. El proceso se activa de la siguiente manera:
• Identificación: El Ministerio Público Fiscal identifica a los autores del hecho y, en caso de ser menores, a sus adultos responsables.
• Cuantificación: Se elabora un expediente detallando el personal policial, servicios de emergencia y brigadas especiales (como la Brigada de Explosivos) que intervinieron.
• Intimación: Se establece el monto total de los gastos y se intima al pago en un plazo de 5 días.
• Vía Judicial: Si el pago no se efectúa, la Fiscalía de Estado iniciará acciones legales para garantizar el cobro.
El objetivo central de la normativa es generar un efecto disuasorio. La provincia busca garantizar que el presupuesto de seguridad y emergencias no se diluya en operativos innecesarios provocados por conductas negligentes o malintencionadas.
"Quienes generen estas situaciones deberán hacerse cargo de los costos que ocasionan", sostiene la normativa.
¿Qué incluye la "factura" del Estado? El protocolo contempla el costo de todos los recursos afectados: desde el combustible y el desgaste de los móviles, hasta las horas de servicio del personal policial y las brigadas de logística especial.
Con este paso, Córdoba endurece su postura frente a las crisis de seguridad escolar, trasladando el costo financiero de la imprudencia directamente al bolsillo de los infractores o sus tutores.
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