POLITICA
02/07/2025
Cristina Kirchner y ocho condenados podrían afrontar pago de 86 mil millones de pesos
Por José Manuel Ferrero
El juez federal Jorge Gorini solicitó formalmente ante la Corte Suprema el decomiso de bienes pertenecientes a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros ocho condenados en la causa Vialidad. La cifra base reclamada asciende a 86.000 millones de pesos, correspondiente al perjuicio económico causado al Estado argentino por una maniobra de corrupción sistemática en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Este nuevo paso judicial se produce tras la decisión de la Corte Suprema de ratificar la condena a seis años de prisión para la ex mandataria por administración fraudulenta. La causa incluye también al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López y al ex titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti.
Una trama de direccionamiento y colusión El fallo determinó que el 86% de las obras viales financiadas por el Estado nacional en la provincia fueron adjudicadas al Grupo Austral, propiedad de Báez, a través de licitaciones amañadas, simulación de competencia, sobreprecios, pagos privilegiados y falta de controles.
El Tribunal Oral Federal N°2 calificó el caso como "una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia argentina", y ordenó avanzar con el decomiso como medida de reparación económica.
Peritajes y cálculo del daño La cifra inicial se estimó a partir de estudios técnicos sobre cinco obras testigo —incluidos tramos de la Ruta Nacional 3—, que revelaron colusión empresarial y sobrecostos. Una vez actualizado por el cuerpo de peritos de la Corte, el monto será notificado a los condenados, quienes deberán abonar su parte en un plazo de diez días hábiles. En caso de incumplimiento, se procederá a la ejecución de bienes registrados a su nombre.
Activos en la mira Mientras tanto, el fiscal Diego Luciani ya presentó un informe patrimonial de 40 páginas que detalla las propiedades, empresas y activos vinculados a los imputados.
Este nuevo paso judicial se produce tras la decisión de la Corte Suprema de ratificar la condena a seis años de prisión para la ex mandataria por administración fraudulenta. La causa incluye también al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López y al ex titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti.
Una trama de direccionamiento y colusión El fallo determinó que el 86% de las obras viales financiadas por el Estado nacional en la provincia fueron adjudicadas al Grupo Austral, propiedad de Báez, a través de licitaciones amañadas, simulación de competencia, sobreprecios, pagos privilegiados y falta de controles.
El Tribunal Oral Federal N°2 calificó el caso como "una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia argentina", y ordenó avanzar con el decomiso como medida de reparación económica.
Peritajes y cálculo del daño La cifra inicial se estimó a partir de estudios técnicos sobre cinco obras testigo —incluidos tramos de la Ruta Nacional 3—, que revelaron colusión empresarial y sobrecostos. Una vez actualizado por el cuerpo de peritos de la Corte, el monto será notificado a los condenados, quienes deberán abonar su parte en un plazo de diez días hábiles. En caso de incumplimiento, se procederá a la ejecución de bienes registrados a su nombre.
Activos en la mira Mientras tanto, el fiscal Diego Luciani ya presentó un informe patrimonial de 40 páginas que detalla las propiedades, empresas y activos vinculados a los imputados.
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