INTERES GENERAL
27/02/2026
Detienen a un camarógrafo de A24 en el Congreso y crece la preocupación por la libertad de prensa
Por Jose Manuel Ferrero
La jornada de protestas frente al Congreso de la Nación, motivada por el rechazo a las reformas impulsadas por el Gobierno, volvió a estar marcada por la violencia institucional. Sin embargo, esta vez se cruzó un límite que despertó alarmas en todo el arco comunicacional: la detención directa de Facundo, camarógrafo del canal A24, mientras cumplía con su labor profesional.
A pesar de encontrarse acreditado y realizando una cobertura técnica de los incidentes, el trabajador fue interceptado y trasladado por efectivos policiales. El episodio no solo interrumpió la transmisión en vivo, sino que dejó en evidencia un cambio en el accionar de las fuerzas de seguridad, que ahora apuntan contra quienes registran los hechos.
Lo ocurrido con Facundo no es un evento aislado, sino el punto máximo de una escalada de agresiones. Según reportes del propio medio y de organizaciones de prensa, el clima de trabajo en las inmediaciones del Parlamento se ha vuelto crítico:
• Impactos de proyectiles: En coberturas previas, cronistas y camarógrafos de A24 fueron alcanzados por balas de goma.
• Gases lacrimógenos: Varios equipos periodísticos debieron recibir asistencia médica tras ser expuestos de forma directa a químicos irritantes.
• Obstaculización: Se denuncia una sistemática dificultad para realizar tomas de los procedimientos policiales sin recibir presiones o agresiones físicas.
"Ya no se trata solo de la violencia contra manifestantes: ahora también se registran detenciones directas a trabajadores de prensa identificados", advirtieron colegas presentes en el lugar.
El arresto de un trabajador de prensa en pleno ejercicio de sus funciones representa una anomalía en el funcionamiento democrático. El rol de los medios en las manifestaciones es, precisamente, garantizar el derecho ciudadano a la información y actuar como testigos del uso de la fuerza pública.
Cuando el operativo de seguridad no distingue entre manifestantes y periodistas —o peor aún, cuando identifica a estos últimos como un objetivo—, el margen para el control social sobre las instituciones se reduce drásticamente. El interrogante que hoy recorre las redacciones es urgente: ¿qué garantías quedan para informar cuando la represión alcanza a quienes sostienen la cámara?
A pesar de encontrarse acreditado y realizando una cobertura técnica de los incidentes, el trabajador fue interceptado y trasladado por efectivos policiales. El episodio no solo interrumpió la transmisión en vivo, sino que dejó en evidencia un cambio en el accionar de las fuerzas de seguridad, que ahora apuntan contra quienes registran los hechos.
Lo ocurrido con Facundo no es un evento aislado, sino el punto máximo de una escalada de agresiones. Según reportes del propio medio y de organizaciones de prensa, el clima de trabajo en las inmediaciones del Parlamento se ha vuelto crítico:
• Impactos de proyectiles: En coberturas previas, cronistas y camarógrafos de A24 fueron alcanzados por balas de goma.
• Gases lacrimógenos: Varios equipos periodísticos debieron recibir asistencia médica tras ser expuestos de forma directa a químicos irritantes.
• Obstaculización: Se denuncia una sistemática dificultad para realizar tomas de los procedimientos policiales sin recibir presiones o agresiones físicas.
"Ya no se trata solo de la violencia contra manifestantes: ahora también se registran detenciones directas a trabajadores de prensa identificados", advirtieron colegas presentes en el lugar.
El arresto de un trabajador de prensa en pleno ejercicio de sus funciones representa una anomalía en el funcionamiento democrático. El rol de los medios en las manifestaciones es, precisamente, garantizar el derecho ciudadano a la información y actuar como testigos del uso de la fuerza pública.
Cuando el operativo de seguridad no distingue entre manifestantes y periodistas —o peor aún, cuando identifica a estos últimos como un objetivo—, el margen para el control social sobre las instituciones se reduce drásticamente. El interrogante que hoy recorre las redacciones es urgente: ¿qué garantías quedan para informar cuando la represión alcanza a quienes sostienen la cámara?
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