POLITICA
25/10/2024
Eliminan privilegios hereditarios en cargos públicos
Por Cecilia Dumas
El Gobierno Nacional decidió poner fin a la herencia de cargos en la administración pública. Manuel Adorni, vocero presidencial, y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, confirmaron la medida que evitará que familiares de empleados fallecidos asuman sus vacantes. Según explicaron, la decisión busca priorizar la selección de personal a través del mérito, eliminando beneficios que por años permitieron ocupar puestos estatales sin concurso.
La prohibición alcanza a organismos como la AFIP y el Banco Central, donde tradicionalmente familiares de empleados fallecidos accedían a los cargos. La nueva resolución establece que estos puestos solo podrán ser cubiertos mediante procesos competitivos, ajustándose a las pautas de meritocracia impulsadas por el gobierno. El anuncio además se enmarca en una política de ajuste del Estado que ya ha recortado el 15% de la plantilla pública.
Este cambio busca, según el comunicado oficial, “eliminar prácticas medievales” que colocaban a empleados públicos en una situación privilegiada respecto al resto de los trabajadores. La medida también implica controles sobre convenios sindicales que intenten restablecer beneficios hereditarios.
Así, el gobierno apunta a transformar la cultura laboral en el sector público, afirmando que en la Argentina actual no debería haber “prerrogativas de sangre ni de nacimiento”, en alusión al artículo 16 de la Constitución Nacional que establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
La prohibición alcanza a organismos como la AFIP y el Banco Central, donde tradicionalmente familiares de empleados fallecidos accedían a los cargos. La nueva resolución establece que estos puestos solo podrán ser cubiertos mediante procesos competitivos, ajustándose a las pautas de meritocracia impulsadas por el gobierno. El anuncio además se enmarca en una política de ajuste del Estado que ya ha recortado el 15% de la plantilla pública.
Este cambio busca, según el comunicado oficial, “eliminar prácticas medievales” que colocaban a empleados públicos en una situación privilegiada respecto al resto de los trabajadores. La medida también implica controles sobre convenios sindicales que intenten restablecer beneficios hereditarios.
Así, el gobierno apunta a transformar la cultura laboral en el sector público, afirmando que en la Argentina actual no debería haber “prerrogativas de sangre ni de nacimiento”, en alusión al artículo 16 de la Constitución Nacional que establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
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