POLITICA
27/05/2026
Etiquetado Frontal: el Gobierno busca derogar la ley y más de 300 organizaciones se oponen
Por Jose Manuel Ferrero
En el marco de un nuevo paquete de leyes enviado al Congreso, el Gobierno nacional formalizó una iniciativa que apunta directo al corazón de la política alimentaria vigente en el país: la derogación total de la Ley N° 27.642, conocida popularmente como la Ley de Etiquetado Frontal.
El proyecto de ley ingresó formalmente por el Senado para comenzar su debate y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones. El Ejecutivo solicitó a las cámaras un "pronto tratamiento y sanción" para una norma que cuenta con un articulado breve: el primer artículo establece la derogación total de la ley y el segundo fija su entrada en vigencia inmediata a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
En los fundamentos del texto oficial, el Poder Ejecutivo asegura que, tras el período en que la ley estuvo vigente, se detectaron "diversas limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y también económicas" que justifican dar marcha atrás con la normativa que llenó de octógonos negros las góndolas de todo el país.
El objetivo planteado por el Gobierno nacional es eliminar el esquema rígido actual para avanzar hacia un nuevo modelo de información nutricional que sea más preciso, contextualizado y científicamente consistente, adaptándose a los esquemas ya armonizados dentro del Mercosur.
La iniciativa oficialista encendió las alarmas y generó un rechazo inmediato. Más de 300 organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico manifestaron su rotunda oposición al proyecto, advirtiendo que la medida podría eliminar una política integral diseñada específicamente para proteger la salud de la población —especialmente la de niños, niñas y adolescentes— y el acceso a la información de las y los consumidores.
A través de un comunicado conjunto, entidades como la Fundación SANAR, Fundeps, FIC Argentina, Consciente Colectivo y FAGRAN, entre otras, calificaron la propuesta como "un ataque directo al derecho a la información y a la salud".
"La propuesta oficialista de derogación generó una profunda alarma en las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad científica, quienes advierten sobre el absoluto estado de desprotección en el que quedará la ciudadanía. La Ley N° 27.642 no solo establece sellos de advertencia en los envases; también regula la publicidad de productos ultraprocesados dirigida a infancias, promueve entornos escolares saludables y prohíbe estrategias de marketing en alimentos con excesos. Su eliminación implicaría desmantelar por completo el sistema de protección de manera inmediata", expresaron conjuntamente las organizaciones.
Las organizaciones defensoras de la ley actual respaldan su postura en datos de consumo y opinión pública. Según un relevamiento propio presentado por las entidades, el acompañamiento de la ciudadanía a la normativa vigente es sumamente elevado: el 90% de las personas coincide en que los sellos negros permiten identificar de forma rápida y sencilla los productos poco saludables.
El debate legislativo que está por comenzar en el Senado promete ser un escenario de fuerte disputa entre la visión desregulatoria del Gobierno y la defensa de los derechos de los consumidores impulsada por los sectores de la salud y la sociedad civil.
El proyecto de ley ingresó formalmente por el Senado para comenzar su debate y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones. El Ejecutivo solicitó a las cámaras un "pronto tratamiento y sanción" para una norma que cuenta con un articulado breve: el primer artículo establece la derogación total de la ley y el segundo fija su entrada en vigencia inmediata a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
En los fundamentos del texto oficial, el Poder Ejecutivo asegura que, tras el período en que la ley estuvo vigente, se detectaron "diversas limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y también económicas" que justifican dar marcha atrás con la normativa que llenó de octógonos negros las góndolas de todo el país.
El objetivo planteado por el Gobierno nacional es eliminar el esquema rígido actual para avanzar hacia un nuevo modelo de información nutricional que sea más preciso, contextualizado y científicamente consistente, adaptándose a los esquemas ya armonizados dentro del Mercosur.
La iniciativa oficialista encendió las alarmas y generó un rechazo inmediato. Más de 300 organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico manifestaron su rotunda oposición al proyecto, advirtiendo que la medida podría eliminar una política integral diseñada específicamente para proteger la salud de la población —especialmente la de niños, niñas y adolescentes— y el acceso a la información de las y los consumidores.
A través de un comunicado conjunto, entidades como la Fundación SANAR, Fundeps, FIC Argentina, Consciente Colectivo y FAGRAN, entre otras, calificaron la propuesta como "un ataque directo al derecho a la información y a la salud".
"La propuesta oficialista de derogación generó una profunda alarma en las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad científica, quienes advierten sobre el absoluto estado de desprotección en el que quedará la ciudadanía. La Ley N° 27.642 no solo establece sellos de advertencia en los envases; también regula la publicidad de productos ultraprocesados dirigida a infancias, promueve entornos escolares saludables y prohíbe estrategias de marketing en alimentos con excesos. Su eliminación implicaría desmantelar por completo el sistema de protección de manera inmediata", expresaron conjuntamente las organizaciones.
Las organizaciones defensoras de la ley actual respaldan su postura en datos de consumo y opinión pública. Según un relevamiento propio presentado por las entidades, el acompañamiento de la ciudadanía a la normativa vigente es sumamente elevado: el 90% de las personas coincide en que los sellos negros permiten identificar de forma rápida y sencilla los productos poco saludables.
El debate legislativo que está por comenzar en el Senado promete ser un escenario de fuerte disputa entre la visión desregulatoria del Gobierno y la defensa de los derechos de los consumidores impulsada por los sectores de la salud y la sociedad civil.
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