INTERES GENERAL
09/06/2025
Fin del Pro.Cre.Ar: el Ejecutivo liquida el fondo y redefine el manejo de los préstamos
Por José Manuel Ferrero
El Gobierno nacional oficializó la disolución del Fondo Fiduciario Público del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), un mecanismo de financiamiento habitacional que operaba bajo la administración estatal. La medida se efectivizó con la publicación de la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía en el Boletín Oficial, estableciendo los pasos operativos para el cierre del programa y la transferencia de la gestión de créditos al Banco Hipotecario S.A.
Según el Decreto 1018/2024, la decisión se justifica en que el programa representaba una “pesada carga” para las cuentas públicas y en la existencia de dificultades para su fiscalización y control. Además, el Ejecutivo sostiene que la financiación de viviendas es una actividad propia de los bancos comerciales, por lo que no se justificaría la intervención estatal directa en la materia.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) realizó una auditoría sobre el fondo, detectando irregularidades como demoras en la entrega de viviendas, incumplimientos de convenios y reclamos por condiciones de habitabilidad en unidades ya otorgadas. También cuestionó la falta de actualización de procedimientos y calificó la gestión como “no transparente, ni ágil, ni eficiente, ni eficaz”.
A pesar de la disolución, los créditos otorgados continuarán bajo administración del Banco Hipotecario, en virtud de un contrato que mantiene las condiciones originales de retribución establecidas en el fideicomiso de 2012. La Dirección Nacional de Normalización Patrimonial será responsable de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones, incluyendo la transferencia de fondos recaudados.
Además, el Ministerio de Economía podrá disponer y administrar los bienes del fondo, facilitar transferencias de inmuebles a provincias y municipios, y celebrar acuerdos con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para la cesión de propiedades que no estén afectadas a obras vigentes.
Según el Decreto 1018/2024, la decisión se justifica en que el programa representaba una “pesada carga” para las cuentas públicas y en la existencia de dificultades para su fiscalización y control. Además, el Ejecutivo sostiene que la financiación de viviendas es una actividad propia de los bancos comerciales, por lo que no se justificaría la intervención estatal directa en la materia.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) realizó una auditoría sobre el fondo, detectando irregularidades como demoras en la entrega de viviendas, incumplimientos de convenios y reclamos por condiciones de habitabilidad en unidades ya otorgadas. También cuestionó la falta de actualización de procedimientos y calificó la gestión como “no transparente, ni ágil, ni eficiente, ni eficaz”.
A pesar de la disolución, los créditos otorgados continuarán bajo administración del Banco Hipotecario, en virtud de un contrato que mantiene las condiciones originales de retribución establecidas en el fideicomiso de 2012. La Dirección Nacional de Normalización Patrimonial será responsable de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones, incluyendo la transferencia de fondos recaudados.
Además, el Ministerio de Economía podrá disponer y administrar los bienes del fondo, facilitar transferencias de inmuebles a provincias y municipios, y celebrar acuerdos con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para la cesión de propiedades que no estén afectadas a obras vigentes.
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