INTERES GENERAL
17/04/2026
Histórico: El Gobierno Nacional delega a las provincias el control de peajes en rutas nacionales
Por Jose Manuel Ferrero
En un giro significativo hacia la gestión federal de la infraestructura, el Gobierno nacional oficializó este viernes la transferencia de facultades a Córdoba y otras ocho provincias para gestionar, licitar y otorgar concesiones por peaje en tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios. La medida también alcanza a las provincias de Corrientes, Santa Fe, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.
El objetivo central de esta iniciativa, plasmada en el Decreto 253/2026, es desburocratizar la administración vial y permitir que los gobiernos locales, que conocen de cerca las urgencias de sus territorios, actúen con mayor rapidez en el mantenimiento y la mejora de la red vial nacional.
A partir de ahora, el gobierno cordobés adquiere la capacidad de intervenir directamente en el sistema de peajes. Esto le permite aprobar pliegos de licitación, convocar a empresas interesadas, adjudicar contratos y supervisar la ejecución de obras. Se trata de un cambio de paradigma que otorga a la provincia el manejo de herramientas que antes eran exclusivas de la Nación.
Sin embargo, el decreto establece límites claros para garantizar la integridad de la red troncal del país:
• Propiedad estatal: La titularidad de las rutas seguirá siendo del Estado nacional. La delegación de facultades se plantea como una medida temporal, limitada y, fundamentalmente, revocable si el Gobierno nacional considera que la gestión no es adecuada.
• Convenios específicos: Para que el traspaso sea efectivo, cada provincia deberá firmar acuerdos individuales con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), donde se definirán con precisión los tramos a intervenir y las condiciones técnicas.
• Fondos con afectación específica: Uno de los puntos más rígidos del nuevo sistema es que todo el dinero recaudado a través del cobro de peajes deberá reinvertirse exclusivamente en la obra y mantenimiento del tramo que lo generó.
Para evitar demoras administrativas, el Gobierno nacional ha impuesto un cronograma exigente. Una vez que se apruebe el convenio con una provincia, esta tendrá un plazo máximo de un año para iniciar el proceso de licitación. Tras la adjudicación del contrato a una empresa privada o consorcio, la concesión deberá formalizarse en un periodo no mayor a 90 días hábiles.
La supervisión no desaparecerá con la delegación. La Dirección Nacional de Vialidad mantendrá un rol de auditor externo, evaluando constantemente la viabilidad técnica y económica de los proyectos para asegurar que la infraestructura nacional no pierda calidad.
Con este nuevo modelo, se busca una mayor eficiencia y cercanía en la toma de decisiones, bajo la premisa de que una administración local puede responder con mayor agilidad a las demandas de los usuarios, manteniendo siempre el control estratégico en manos del Estado federal.
El objetivo central de esta iniciativa, plasmada en el Decreto 253/2026, es desburocratizar la administración vial y permitir que los gobiernos locales, que conocen de cerca las urgencias de sus territorios, actúen con mayor rapidez en el mantenimiento y la mejora de la red vial nacional.
A partir de ahora, el gobierno cordobés adquiere la capacidad de intervenir directamente en el sistema de peajes. Esto le permite aprobar pliegos de licitación, convocar a empresas interesadas, adjudicar contratos y supervisar la ejecución de obras. Se trata de un cambio de paradigma que otorga a la provincia el manejo de herramientas que antes eran exclusivas de la Nación.
Sin embargo, el decreto establece límites claros para garantizar la integridad de la red troncal del país:
• Propiedad estatal: La titularidad de las rutas seguirá siendo del Estado nacional. La delegación de facultades se plantea como una medida temporal, limitada y, fundamentalmente, revocable si el Gobierno nacional considera que la gestión no es adecuada.
• Convenios específicos: Para que el traspaso sea efectivo, cada provincia deberá firmar acuerdos individuales con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), donde se definirán con precisión los tramos a intervenir y las condiciones técnicas.
• Fondos con afectación específica: Uno de los puntos más rígidos del nuevo sistema es que todo el dinero recaudado a través del cobro de peajes deberá reinvertirse exclusivamente en la obra y mantenimiento del tramo que lo generó.
Para evitar demoras administrativas, el Gobierno nacional ha impuesto un cronograma exigente. Una vez que se apruebe el convenio con una provincia, esta tendrá un plazo máximo de un año para iniciar el proceso de licitación. Tras la adjudicación del contrato a una empresa privada o consorcio, la concesión deberá formalizarse en un periodo no mayor a 90 días hábiles.
La supervisión no desaparecerá con la delegación. La Dirección Nacional de Vialidad mantendrá un rol de auditor externo, evaluando constantemente la viabilidad técnica y económica de los proyectos para asegurar que la infraestructura nacional no pierda calidad.
Con este nuevo modelo, se busca una mayor eficiencia y cercanía en la toma de decisiones, bajo la premisa de que una administración local puede responder con mayor agilidad a las demandas de los usuarios, manteniendo siempre el control estratégico en manos del Estado federal.
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