POLITICA
13/06/2025
Inminente desalojo de los Ministerios que funcionan en el ex Instituto Pablo Pizzurno
Por REDACCION
En cuestión de días, y antes de que finalice el mes de junio, el histórico predio donde funcionara el ex Instituto Pablo Pizzurno sería desalojado. Así lo confirmaron fuentes cercanas con funciones en el panal del Gobierno provincial, lo que reaviva un conflicto de larga data entre el interés público y las decisiones políticas que privilegian la enajenación de bienes estatales.
El edificio —parte del mismo tejido histórico y ambiental que abarca a la Casa de Gobierno y al predio del ex Batallón 141— se encuentra en el centro de un debate que tuvo su punto más álgido en 2007, cuando un grupo de científicos y docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, con el respaldo del Honorable Consejo Superior (Res. 693/07), denunció el intento de venta de esos terrenos
En 2008, el Consejo Superior propuso convertir ese espacio en el "Parque de la Madre Tierra", una reserva verde urbana. Pero esa iniciativa fue desoída, y los terrenos finalmente fueron vendidos al grupo privado Corporación América, a quien tiene como principal socio, el empresario EDUARDO EURNEKIAN, uno de los 10 hombres mas ricos de la Argentina.
Hoy, casi dos décadas después de aquel primer informe, el mismo predio enfrenta un destino incierto. El desalojo ya es un hecho y, según se ha podido confirmar, una parte del personal que trabaja en el hoy predio conocido como Pablo Pizurno, será trasladado al Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, ubicado en Av. Juan B. Justo 3600. Sin embargo, los empleados del Ministerio de Salud que también ocupan oficinas en el predio aún no saben dónde deberán continuar con sus tareas.
El informe técnico de 2007, elaborado por destacadas figuras como Sandra Díaz y Marcelo Cabido —ambos miembros del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático y Premios Nobel de la Paz — advertía con claridad sobre las consecuencias de la pérdida de estos espacios. No solo se ponía de relieve su valor ambiental como uno de los pocos pulmones verdes del centro cordobés, sino también su importancia social, educativa y cultural.
“Su permanencia en el dominio y uso público favorecería directamente al bienestar general y a la equidad social”, afirmaba el documento, que además recordaba que los terrenos pertenecen a un conjunto de espacios que, desde el siglo XIX, han constituido el corazón ambiental, paisajístico y simbólico de la ciudad.
El mismo informe mencionaba la ley provincial N° 6964/83, de Ambientes y Áreas Naturales, como base legal para proteger estos terrenos. Pero en lugar de avanzar en esa dirección, el Estado optó por planes de enajenación que, aunque se presentaron como medidas de modernización administrativa, implicaron una pérdida irreversible para el dominio público.
La enajenación de espacios como el ex Instituto Pablo Pizzurno no puede ser analizada solo desde la óptica funcional. El espacio es irrecuperable en términos ambientales, y su ubicación estratégica —en el centro de Córdoba, con conectividad ecológica con otras áreas verdes como el Parque Sarmiento o Ciudad Universitaria— lo vuelve insustituible.
Mientras el Gobierno provincial guarda silencio sobre el futuro destino del predio y el paradero de los empleados del Ministerio de Salud, la ciudadanía asiste a lo que podría ser el último acto de un proceso de desmantelamiento del patrimonio común que lleva décadas gestándose. ¿Se perderá otra oportunidad de transformar un espacio cargado de historia y valor ecológico en un verdadero bien común?
Hoy, Córdoba se enfrenta nuevamente a una encrucijada: repetir errores del pasado o abrir paso a una gestión urbana que priorice el interés colectivo por encima del lucro inmediato. El tiempo se agota. Y con él, quizás, uno de los últimos grandes pulmones verdes del centro cordobés.
El edificio —parte del mismo tejido histórico y ambiental que abarca a la Casa de Gobierno y al predio del ex Batallón 141— se encuentra en el centro de un debate que tuvo su punto más álgido en 2007, cuando un grupo de científicos y docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, con el respaldo del Honorable Consejo Superior (Res. 693/07), denunció el intento de venta de esos terrenos
En 2008, el Consejo Superior propuso convertir ese espacio en el "Parque de la Madre Tierra", una reserva verde urbana. Pero esa iniciativa fue desoída, y los terrenos finalmente fueron vendidos al grupo privado Corporación América, a quien tiene como principal socio, el empresario EDUARDO EURNEKIAN, uno de los 10 hombres mas ricos de la Argentina.
Hoy, casi dos décadas después de aquel primer informe, el mismo predio enfrenta un destino incierto. El desalojo ya es un hecho y, según se ha podido confirmar, una parte del personal que trabaja en el hoy predio conocido como Pablo Pizurno, será trasladado al Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, ubicado en Av. Juan B. Justo 3600. Sin embargo, los empleados del Ministerio de Salud que también ocupan oficinas en el predio aún no saben dónde deberán continuar con sus tareas.
El informe técnico de 2007, elaborado por destacadas figuras como Sandra Díaz y Marcelo Cabido —ambos miembros del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático y Premios Nobel de la Paz — advertía con claridad sobre las consecuencias de la pérdida de estos espacios. No solo se ponía de relieve su valor ambiental como uno de los pocos pulmones verdes del centro cordobés, sino también su importancia social, educativa y cultural.
“Su permanencia en el dominio y uso público favorecería directamente al bienestar general y a la equidad social”, afirmaba el documento, que además recordaba que los terrenos pertenecen a un conjunto de espacios que, desde el siglo XIX, han constituido el corazón ambiental, paisajístico y simbólico de la ciudad.
El mismo informe mencionaba la ley provincial N° 6964/83, de Ambientes y Áreas Naturales, como base legal para proteger estos terrenos. Pero en lugar de avanzar en esa dirección, el Estado optó por planes de enajenación que, aunque se presentaron como medidas de modernización administrativa, implicaron una pérdida irreversible para el dominio público.
La enajenación de espacios como el ex Instituto Pablo Pizzurno no puede ser analizada solo desde la óptica funcional. El espacio es irrecuperable en términos ambientales, y su ubicación estratégica —en el centro de Córdoba, con conectividad ecológica con otras áreas verdes como el Parque Sarmiento o Ciudad Universitaria— lo vuelve insustituible.
Mientras el Gobierno provincial guarda silencio sobre el futuro destino del predio y el paradero de los empleados del Ministerio de Salud, la ciudadanía asiste a lo que podría ser el último acto de un proceso de desmantelamiento del patrimonio común que lleva décadas gestándose. ¿Se perderá otra oportunidad de transformar un espacio cargado de historia y valor ecológico en un verdadero bien común?
Hoy, Córdoba se enfrenta nuevamente a una encrucijada: repetir errores del pasado o abrir paso a una gestión urbana que priorice el interés colectivo por encima del lucro inmediato. El tiempo se agota. Y con él, quizás, uno de los últimos grandes pulmones verdes del centro cordobés.
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