INTERES GENERAL
20/05/2025
Juicio por la muerte de Maradona: podría suspenderse tras nueva apelación contra la jueza Makintach
Por REDACCION
El juicio oral que busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona atraviesa su momento más delicado desde que comenzó el pasado 11 de marzo. La continuidad del debate oral podría quedar en suspenso por un plazo de hasta diez días, a la espera de que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 3 de San Isidro resuelva si admite o rechaza un nuevo recurso de apelación interpuesto por la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los siete imputados.
En la audiencia de hoy —en la que se encuentra previsto que declare el psicólogo Carlos Díaz, también acusado—, los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, titulares del TOC N.º 3, deberán resolver si dan lugar a la apelación que impugna el rechazo anterior a la recusación de la jueza Julieta Makintach, quien integra el tribunal como subrogante proveniente del TOC N.º 2.
Makintach es investigada por un presunto vínculo con un supuesto documental sobre el juicio, cuya producción habría comenzado antes de la primera audiencia. La sospecha, denunciada por los representantes de Dalma, Gianinna y Diego Fernando Maradona, provocó un sismo institucional que ahora pone en duda la imparcialidad del tribunal y amenaza con paralizar el proceso.
“Si el TOC N.º 3 hace lugar al recurso de apelación, el debate se suspende automáticamente, y será la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro la que deberá resolver sobre la recusaciónâ€, explicó a La Nación una fuente judicial cercana al caso. En cambio, si se rechaza el recurso, la defensa aún podría interponer un recurso de queja ante el tribunal de alzada, pero sin efecto suspensivo, por lo que el juicio continuaría su curso.
Al fundamentar su apelación, los abogados Mara Digiuni y Julio Rivas, representantes de Luque, sostuvieron que la decisión de rechazar la recusación “causa un gravamen irreparable†a su defendido, y que “afecta fundamentalmente su derecho a recibir un juicio imparcial y justoâ€. Argumentaron también que la presencia de un magistrado cuya objetividad está cuestionada compromete la validez del proceso entero.
“La recusación no es un formalismo procesal —plantearon los letrados—, sino un mecanismo esencial para salvaguardar la integridad del proceso judicial y la confianza pública en el sistema de justiciaâ€. Insistieron en que el temor fundado de parcialidad por parte de Makintach vulnera principios estructurales del debido proceso y del sistema acusatorio.
Además de Luque y Díaz, también están imputados en este juicio la psiquiatra Agustina Cosachov, el médico clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y la coordinadora de la internación domiciliaria Nancy Forlini.
El objeto del debate gira en torno a los hechos ocurridos entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020, período en el que Maradona fue dado de alta de la Clínica Olivos, donde había sido intervenido por un hematoma subdural, y su posterior muerte en la casa que le alquilaban en el barrio privado San Andrés, en Benavídez, partido de Tigre.
La definición que adopte el tribunal en las próximas horas será clave no solo para el devenir del proceso judicial, sino también para evaluar el grado de transparencia e imparcialidad en un juicio de altísima relevancia pública.
En la audiencia de hoy —en la que se encuentra previsto que declare el psicólogo Carlos Díaz, también acusado—, los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, titulares del TOC N.º 3, deberán resolver si dan lugar a la apelación que impugna el rechazo anterior a la recusación de la jueza Julieta Makintach, quien integra el tribunal como subrogante proveniente del TOC N.º 2.
Makintach es investigada por un presunto vínculo con un supuesto documental sobre el juicio, cuya producción habría comenzado antes de la primera audiencia. La sospecha, denunciada por los representantes de Dalma, Gianinna y Diego Fernando Maradona, provocó un sismo institucional que ahora pone en duda la imparcialidad del tribunal y amenaza con paralizar el proceso.
“Si el TOC N.º 3 hace lugar al recurso de apelación, el debate se suspende automáticamente, y será la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro la que deberá resolver sobre la recusaciónâ€, explicó a La Nación una fuente judicial cercana al caso. En cambio, si se rechaza el recurso, la defensa aún podría interponer un recurso de queja ante el tribunal de alzada, pero sin efecto suspensivo, por lo que el juicio continuaría su curso.
Al fundamentar su apelación, los abogados Mara Digiuni y Julio Rivas, representantes de Luque, sostuvieron que la decisión de rechazar la recusación “causa un gravamen irreparable†a su defendido, y que “afecta fundamentalmente su derecho a recibir un juicio imparcial y justoâ€. Argumentaron también que la presencia de un magistrado cuya objetividad está cuestionada compromete la validez del proceso entero.
“La recusación no es un formalismo procesal —plantearon los letrados—, sino un mecanismo esencial para salvaguardar la integridad del proceso judicial y la confianza pública en el sistema de justiciaâ€. Insistieron en que el temor fundado de parcialidad por parte de Makintach vulnera principios estructurales del debido proceso y del sistema acusatorio.
Además de Luque y Díaz, también están imputados en este juicio la psiquiatra Agustina Cosachov, el médico clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y la coordinadora de la internación domiciliaria Nancy Forlini.
El objeto del debate gira en torno a los hechos ocurridos entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020, período en el que Maradona fue dado de alta de la Clínica Olivos, donde había sido intervenido por un hematoma subdural, y su posterior muerte en la casa que le alquilaban en el barrio privado San Andrés, en Benavídez, partido de Tigre.
La definición que adopte el tribunal en las próximas horas será clave no solo para el devenir del proceso judicial, sino también para evaluar el grado de transparencia e imparcialidad en un juicio de altísima relevancia pública.
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