DEPORTES
28/02/2026
La Justicia Penal Económica negó una nueva autorización de viaje al presidente de AFA, Claudio Tapia
El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.° 5 resolvió rechazar el pedido formulado por Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), para salir nuevamente del país y viajar a Venezuela entre el 28 de febrero y el 3 de marzo, en el contexto de la causa penal en la que se encuentra imputado por presuntos delitos vinculados a la evasión fiscal y a la omisión del pago de aportes de la seguridad social.
La decisión fue adoptada por el juez Diego Amarante, quien consideró que el solicitante ya había excedido los términos de una autorización previa otorgada para viajar a Colombia y Brasil, al intentar modificar el itinerario aprobado sin la debida conformidad judicial. En particular, el magistrado señaló que la pretensión de extender el viaje hacia Caracas no se correspondía con el destino ni con las condiciones fijadas en la resolución del 23 de febrero de 2026.
Asimismo, el tribunal advirtió inconsistencias en la documentación acompañada para justificar el viaje, especialmente en las invitaciones al acto de inauguración de la Federación Venezolana de Fútbol, las cuales presentaban modificaciones de fecha realizadas el mismo día de su emisión, circunstancia que generó serias dudas sobre la veracidad y oportunidad del pedido.
En el fallo, el juez también ponderó el contexto institucional y político del país de destino, destacando la existencia de denuncias públicas sobre detenciones arbitrarias, incluso de ciudadanos argentinos, lo que fue valorado como un elemento adicional para denegar la solicitud. Según se desprende de la resolución, la no concreción del viaje respondió exclusivamente a la imposibilidad material derivada del cambio de fecha del evento, y no al cumplimiento voluntario de las condiciones impuestas por la judicatura.
Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, deberán presentarse a prestar declaración indagatoria el próximo 5 de marzo. Ambos se encuentran imputados por el delito de omisión del pago de aportes y contribuciones a la seguridad social correspondientes a jugadores y empleados, en una investigación que ya supera los $19.300 millones, según las ampliaciones efectuadas por el organismo recaudador.
La causa se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que también incluyó la presunta utilización de facturación apócrifa y la posible existencia de proveedores inexistentes, lo que habría facilitado la salida no documentada de fondos del país.
En este marco, y pese a la prohibición general de salida del país dispuesta inicialmente, el magistrado había autorizado de manera excepcional el viaje previo a Colombia y Brasil, al considerar que no interfería con las audiencias fijadas. No obstante, dejó expresamente establecido que cualquier modificación posterior debía contar con autorización judicial expresa, condición que —según el fallo— no fue respetada.
La decisión fue adoptada por el juez Diego Amarante, quien consideró que el solicitante ya había excedido los términos de una autorización previa otorgada para viajar a Colombia y Brasil, al intentar modificar el itinerario aprobado sin la debida conformidad judicial. En particular, el magistrado señaló que la pretensión de extender el viaje hacia Caracas no se correspondía con el destino ni con las condiciones fijadas en la resolución del 23 de febrero de 2026.
Asimismo, el tribunal advirtió inconsistencias en la documentación acompañada para justificar el viaje, especialmente en las invitaciones al acto de inauguración de la Federación Venezolana de Fútbol, las cuales presentaban modificaciones de fecha realizadas el mismo día de su emisión, circunstancia que generó serias dudas sobre la veracidad y oportunidad del pedido.
En el fallo, el juez también ponderó el contexto institucional y político del país de destino, destacando la existencia de denuncias públicas sobre detenciones arbitrarias, incluso de ciudadanos argentinos, lo que fue valorado como un elemento adicional para denegar la solicitud. Según se desprende de la resolución, la no concreción del viaje respondió exclusivamente a la imposibilidad material derivada del cambio de fecha del evento, y no al cumplimiento voluntario de las condiciones impuestas por la judicatura.
Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, deberán presentarse a prestar declaración indagatoria el próximo 5 de marzo. Ambos se encuentran imputados por el delito de omisión del pago de aportes y contribuciones a la seguridad social correspondientes a jugadores y empleados, en una investigación que ya supera los $19.300 millones, según las ampliaciones efectuadas por el organismo recaudador.
La causa se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que también incluyó la presunta utilización de facturación apócrifa y la posible existencia de proveedores inexistentes, lo que habría facilitado la salida no documentada de fondos del país.
En este marco, y pese a la prohibición general de salida del país dispuesta inicialmente, el magistrado había autorizado de manera excepcional el viaje previo a Colombia y Brasil, al considerar que no interfería con las audiencias fijadas. No obstante, dejó expresamente establecido que cualquier modificación posterior debía contar con autorización judicial expresa, condición que —según el fallo— no fue respetada.
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